Uruguay ha registrado en los últimos años una disminución sostenida en el número de nacimientos, llegando a la cifra más baja desde finales del siglo XIX (1888). Por cuarto año consecutivo, además, se da la paradoja de que mueren más personas de las que nacen. Enseguida surgen discursos y propuestas pronatalistas que buscan revertir esta tendencia. Sin embargo, antes de apresurarnos a promover políticas para aumentar la natalidad o recurrir a la inmigración como forma de ampliar la población activa, vale la pena preguntarnos: ¿cómo viven los pocos niños, niñas y adolescentes que ya tiene Uruguay?
La realidad de la infancia y adolescencia uruguaya
Actualmente, en Uruguay hay 884.969 niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años. Esto representa el 25,2% de la población total. Desglosando, quienes tienen entre 0 y 4 años equivalen al 5,1% de la población, los de 5 a 9 años al 6,6% y los de 10 a 14 años al 6,8%.
En cuanto a la pobreza monetaria, las cifras son elocuentes: el 18,6% de las personas menores de 18 años viven en situación de pobreza, en contraste con el 8,7% de quienes tienen entre 18 y 64 años y el 2,2% de las personas de 65 o más. Esta brecha refleja con claridad que la infancia y la adolescencia son los grupos con mayor vulnerabilidad económica. Pero la pobreza no es solo una cuestión de ingresos, y ahí entra en juego el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).
Pobreza multidimensional por edades
El IPM integra múltiples privaciones —educación, vivienda, servicios básicos, protección social, El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) combina privaciones en educación, vivienda, servicios básicos, protección social y empleo, mostrando así cómo cada dimensión afecta de manera distinta a cada etapa del ciclo vital.
En el ámbito educativo, el rezago y la desvinculación escolar crecen a medida que aumenta la edad, de modo que la adolescencia (13 a 17 años) termina concentrando los mayores desafíos de continuidad educativa. Al mismo tiempo, los hogares con niños y niñas menores de 6 años exhiben altos niveles de escolarización insuficiente en los adultos responsables, lo que apunta a carencias formativas estructurales que inciden en la dinámica familiar.
En cuanto a las condiciones habitacionales y el acceso a servicios básicos, la primera infancia presenta las mayores tasas de hacinamiento, tenencia insegura y problemas de materialidad, junto con carencias marcadas en conectividad (internet), calefacción y saneamiento. Estas vulnerabilidades indican un contexto especialmente precario para quienes tienen menos de 6 años, y pueden afectar de forma crítica su desarrollo físico, cognitivo y socioemocional.
Si nos detenemos en la protección social y el empleo, vemos que el acceso a cuidados formales para los más pequeños suele ser muy limitado; la seguridad social dirigida a la niñez también es escasa en todos los grupos. Aunque los menores de edad no participan directamente en el mercado laboral, los altos índices de informalidad, desempleo y subempleo en las personas adultas de sus hogares repercuten en la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de la infancia y la adolescencia.
En síntesis, la primera infancia (0 a 5 años) se ve fuertemente afectada por privaciones estructurales en vivienda y servicios, la adolescencia se enfrenta más a la desconexión educativa (rezago y abandono), y el grupo de 6 a 12 años se ubica en un término intermedio, con indicadores igualmente preocupantes pero un matiz distinto en cada dimensión.
Repensar el discurso pronatalista
Estos indicadores nos alertan sobre la situación de quienes ya están naciendo y creciendo en el país. Con tantos desafíos sin resolver —desde la precariedad de vivienda y servicios básicos, hasta la fragilidad educativa—, sería apresurado fomentar la llegada de más niños y niñas o recurrir a la inmigración sin antes atender las carencias existentes.
Las políticas de natalidad pueden ser una estrategia, pero si hoy, con un número reducido de niños, niñas y adolescentes, no logramos garantizarles condiciones de vida dignas, ¿qué nos hace pensar que podríamos hacerlo con más? Para que los discursos pronatalistas resulten coherentes, primero deberíamos asegurar la protección social, el acceso a la educación, a las condiciones habitacionales apropiadas y a oportunidades laborales para los adultos responsables de su crianza.
Conclusión
Uruguay vive una etapa de declive demográfico, pero la urgencia no solo está en aumentar la población nacida, sino también en garantizar calidad de vida y oportunidades a los niños, niñas y adolescentes que ya forman parte de su presente. Pocas infancias, muchas deudas: este podría ser un resumen de la situación actual. Y antes de apostar por estrategias de crecimiento poblacional, conviene zanjar las asignaturas pendientes en materia de pobreza, educación y protección social para las infancias existentes.
En definitiva, los discursos pronatalistas carecen de fundamento si no vienen acompañados de políticas firmes que garanticen las condiciones mínimas para que cada niño crezca libre de privaciones y con el pleno ejercicio de sus derechos. De lo contrario, seguiremos teniendo pocos niños, niñas y adolescentes, y muchos de ellos sumidos en desigualdades que limitan su futuro y, en última instancia, el futuro mismo del país.
Paula Pereda Suárez 